21/12/2016 – No se han registrado más tentativas un año después del asesinato de un vecino.
En noviembre de 2015, el asesinato de un joven padre afincado en el Besòs destapó con crudeza las ocupaciones conflictivas de viviendas en el barrio, tomadas en su mayoría por una familia que hizo negocio a costa de apoderarse de pisos vacíos de vecinos para ofrecerlos a cambio de dinero. Cristian murió a manos de dos hombres que se alojaban en un hogar forzado.
Sucedió después de que la víctima se manifestara junto a otras personas que, por entonces, llevaban cerca de un mes protestando contra los asaltos. El homicidio obligó a reforzar el patrullaje en la zona, tirante por las 11 viviendas arrebatadas que la Asociación de Vecinos llegó a detectar.
Algunos impulsores de las movilizaciones confirman que la tensión se ha rebajado tras desalojarse gran parte de pisos sustraídos. "Pero el barrio sigue en alerta", matizan, "hay suspicacias de que vuelva a pasar".
Fruto de ese temor es que siga activo el grupo de ‘whatsapp’ creado hace más de un año, cuando se vinculaban episodios de incivismo y el incremento de venta de droga con la presencia de ocupantes en los edificios. "Cuando hay alguien delante de un bloque que no conocemos o alguien que mira un balcón más de lo normal, en seguida corre por el grupo", cuentan.
Los avisos de pretendidos allanamientos se han revelado falsas alarmas. Por ejemplo, la expulsión poco convencional de unos inquilinos en octubre cambiando la cerradura del hogar llevó a la confusión de que se trataba de una nueva tentativa. No consta que, desde hace un año, hayan existido intentos de apoderarse de domicilios de particulares.
"Los amigos de 'okupar' se acuerdan que el Besòs no es ahora el sitio más adecuado. Saben que el barrio sigue pendiente. En la calle ha cundido que, si no cuidamos lo nuestro, nadie lo hará por nosotros", dicen los consultados, que prefieren guardar el anonimato tras unos meses candentes con quienes arrebataron pisos. La Asociación de Vecinos los distinguió de quienes han ocupado por necesidad propiedades de entidades financieras.
El movimiento vecinal cree que las marchas han surtido efecto para prevenir a los asaltantes, así como que los juzgados aceleraran las expulsiones, incluida la de quienes fueron acusados de cobrar por acceder a un hogar vacío.
Sí queda una ocupación que preocupa entre quienes se movilizaron. Se trata de la de un hombre conocido como El Portugués, al que fuentes municipales vincularon con el trapicheo de estupefacientes, y que mora en un piso social de La Caixa con su familia. Según las fuentes consultadas, un juez ha dictado orden de desalojo, aunque su marcha aún no se ha producido. Decenas de vecinos llegaron a cortar la circulación entre Barcelona y Sant Adrià en abril para exigir su expulsión.
Aunque se ha atenuado la sensación de inseguridad, los manifestantes piden más presencia de agentes. Las protestas, que llegaron a ser diarias, cesaron en julio, poco después del último desalojo en un bajo, propiedad de la comunidad de vecinos. Los habitantes del bloque han acondicionado el habitáculo para sus reuniones y mantienen las cámaras de seguridad.
Otros dueños se afanaron en alquilar sus viviendas, al menos un par de puertas siguen tapiadas y una propietaria ha regresado al barrio para vivir en el domicilio tras recuperarlo. En cambio, sigue deshabitado el piso en el que se asentaron los homicidas de Cristian. Sus familiares recibieron el homenaje de la Asociación de Vecinos en noviembre. El crimen está pendiente de juicio.
